Aunque la sentencia aún no ha sido redactada, el pleno de la Sala Tercera del Supremo declaró el viernes ilegal el nombramiento del ya ex fiscal general del Estado, al entender que los siete años en los que desempeñó cargos depndientes del Ejecutivo no constituyeron un ejercicio efectivo de su profesion de jurista, por lo que no cumplía el requisito de quince años.