La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, apuntó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con esta reforma se da respuesta "a fenómenos nuevos, como la delincuencia en bandas organizadas y el acoso escolar".

La reforma establece la posibilidad de adoptar medidas de internamiento para los miembros de bandas juveniles, aun cuando los delitos no revistan carácter violento, como medida "educativa" de alejamiento del ambiente violento.

Se establece que el menor en régimen cerrado permanecerá en el centro de menores después de cumplir los 18 años, hasta que concluya la medida de internamiento. Aunque, con carácter excepcional, el juez podrá ordenar el ingreso en prisión tras cumplir los 18 años.

La reforma prioriza la atención a las víctimas y establece que deberá ser informada de todos los procesos resolutivos de su causa, así como medidas de alejamiento entre la víctima y el agresor.

La nueva Ley del Menor habilita también "la posibilidad de que el juez pueda imponer medidas de internamiento para delitos graves, pero no violentos, como el tráfico de drogas o la tenencia ilícita de armas".

PENAS

El proyecto de ley modifica las penas que se le imponen a los menores. En los casos especialmente graves en los que se hayan cometido varios delitos de homicidios, asesinatos, agresiones sexuales o violación, el límite máximo se eleva un año por encima del vigente en la actualidad, para los menores de catorce a dieciséis años.

Para los menores de catorce y quince años, el máximo de internamiento será de seis años, y para los de dieciséis y diecisiete, hasta diez años; en ambos casos, seguido de un período de libertad vigilada.

Por otra parte, el proyecto de ley recoge también modificaciones en los procesos judiciales de los delitos porque se realizará "una pieza única" del proceso, uniendo la responsabilidad civil y la penal.