El Gobierno aprobó hoy una primera parte de esta transposición que es la que se refiere a la adopción de los principios generales de la directiva, mientras que ha elevado a una primera vuelta al Consejo de Ministros la denominada "Ley Omnibus", que es la que, en el marco de la directiva, modifica un total de 46 leyes estatales.

Asimismo, como resultado de todo el proceso de transposición a nivel estatal, autonómico y local, el PIB registrará un incremento cercano al 1,2% que será visible en un plazo aproximado de 15 trimestres.

La previsión del Ejecutivo es que, en un plazo más largo (15 años), esta directiva permita un crecimiento general del empleo del 0,24%, del consumo en un 1,2%, de la inversión en un 0,8% y de los salarios reales en un 1,3%.

Lo aprobado hoy por el Consejo de Ministros recoge, entre otras medidas, la eliminación de las autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general, para lo que se establecerán una serie de requisitos que deberán cumplir los regímenes de autorización que se mantengan.

También se garantizará la libre prestación de servicios para los proveedores establecidos en otro estado miembro y que quieran ejercer temporalmente una actividad en el territorio español.

Por último, se simplifican los procedimientos administrativos, limitando el uso de trámites físicos a situaciones muy excepcionales, y se "refuerzan los derechos y la protección de los consumidores".

Por su parte, el segundo enfoque de la directiva que el Consejo de Ministros analizó hoy por primera vez, incluye la modificación de 46 leyes estatales, así como la eliminación completa de 14 regímenes de autorización y otros 27 se sustituirán por comunicaciones.

Además, incluye también la reforma de la Ley de Colegios Profesionales, la más profunda desde su formulación en el año 1974, por la que se eliminarán las restricciones a la publicidad de los servicios profesionales y la función de estas entidades de poder fijar baremos orientativos a honorarios o precios, ya que "favorecían la concertación de precios".

También se establece que la solicitud del visado colegial deberá ser voluntaria y se eliminan las restricciones al ejercicio simultáneo de dos profesiones y se vigilarán los costes asociados al acceso a los colegios.

Asimismo, se obligará a los Colegios a que actúen como un instrumento de defensa de los intereses de los consumidores y de atención a los usuarios, así como a que cumpla una serie de requisitos en la utilización de servicios telemáticos.