La cifra de operaciones vetadas por las autoridades españolas supuso el 3% de las 2.073 denegadas en dicho periodo por los 19 países europeos que se han sumado a dicho Código de Conducta.

Este Código impone el compromiso, aunque no la obligación absoluta, de no exportar armas a países que incumplan los acuerdos de no proliferación, que no respeten los derechos humanos, que tengan conflictos bélicos internos, que no mantengan una actitud adecuada frente al terrorismo o que supongan riesgo de desvío o reexportación del armamento.

En aplicación de estos criterios, el Gobierno español vetó51 operaciones incluidas bajo el epígrafe "venta de armas con cañón de ánima lisa con un calibre inferior a 20 milímetros", que incluye armamento como fusiles, carabinas, revólveres, pistolas, ametralladoras, silenciadoras, cargadores, visores y apagafogonazos.

Las otra 13 operaciones sometidas a veto correspondieron a los epígrafes de municiones (3), bombas, torpedos, cohetes y misiles (7), carros y vehículos militares armados (2) y agentes químicos o biológicos tóxicos (1).

Los motivos del veto fueron los siguientes: embargos (1), falta de respeto a los derechos humanos (1), conflictiva situación interna del país de destino (14), inestabilidad regional (10), riesgo de desvío (49) y problemas de compatibilidad económica y técnica de las exportaciones (24). Las razones alegadas para imponer los vetos suman más que las 64 operaciones vetadas porque algunas veces lo son por varios motivos. Ninguna operación tuvo que ser suspendida por problemas con la actitud del país receptor ante el terrorismo.

Los países europeos que vetaron más operaciones de exportación de armas en el periodo analizado fueron Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, que son también estados con importantes industrias armamentísticas (Francia, por ejemplo, vetó 596 operaciones). Entre las operaciones vetadas por otros países europeos figuran 39 de buques de guerra y 148 de aeronaves de combate.

En cuanto a los países a las que se dirigían las armas cuya exportación fue vetada por los países signatarios del Código de Conducta, predominan los de Oriente Medio y Próximo, que sufrieron el veto a 357 operaciones del total de 2.073 canceladas entre 1988 y 2004. También destacan las 121 de Centroamérica, las 127 de Sudamérica y las 135 del Sudeste Asiático.