En un comunicado enviado por la Dirección General de Comunicación Exterior, el Gobierno español expresó su "firme condena y rechazo" a la sentencia e instó a las autoridades birmanas a "tener en cuenta la opinión de la comunidad internacional, que rechaza la persecución política existente en ese país".

Para el departamento dirigido por Miguel Ángel Moratinos, la sentencia "confirma la impresión de que el juicio que se ha seguido contra ella en los últimos meses responde a motivaciones únicamente políticas y no ha contado con las más mínimas garantías procesales".

"El Gobierno exige que se libere cuanto antes a San Suu Kyi y a los demás presos de conciencia que hay en Birmania. Para garantizar la estabilidad en la región es necesario que se abra un proceso de transición a la democracia sincero en Birmania", subrayó.

Por último, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación lamentó "gestos de provocación como el que supone esta sentencia a todas luces injusta, contra una personalidad tan digna de reconocimiento político y moral como Aung San Suu Kyi".