La ley se impugna en dos aspectos. En primer lugar, la nueva regulación que se da (art.28) al régimen de elección de los consejeros de Caja Madrid.

En un comunicado, el Gobierno explica que la Constitución atribuye al Estado competencia para fijar, entre otros aspectos, las bases que deben informar el modelo organizativo de las cajas de ahorros.

Así, explica que que la ley estatal 62/2003 definió "de forma clara" estos principios, que son "el democrático que garantiza el carácter representativo de los órganos rectores, el de gestión eficaz que intenta garantizar que la gestión se realice con criterios profesionales y el de igualdad en la representación territorial".

Agrega el Gobierno que la ley autonómica impugnada "altera frontalmente" el modelo participativo establecido en la legislación estatal y lo "vulnera de forma flagrante subvirtiendo" el principio básico de igualdad territorial y de proporcionalidad a la cifra de depósitos en el establecimiento de los criterios de elección de los consejeros generales de Caja Madrid.

En segundo lugar, alude a la nueva regulación que se da (art.12) al régimen del personal estatutario fijo que trabaje en instituciones o centros sanitarios. Se entiende que la nueva regulación que afecta al personal del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, a juicio del Gobierno, "violenta la vigencia general de los principios de valoración del mérito y la capacidad en el acceso a la función pública".