Al exceder los 18 millones fijados por la ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, de 26 de noviembre de 2003, es el Gobierno quien debe autorizar la enajenación y sus condiciones, según reza el acuerdo.

La solicitud cursada por el Ministerio de Fomento deriva del convenio firmado con el Ayuntamiento de Sevilla el pasado mes de octubre de 2007 por el que ambas Administraciones se comprometían a impulsar un proceso de reordenación urbanística en relación con determinados terrenos portuarios cercanos a la Avenida de Las Razas en el término municipal de Sevilla.

Dichos terrenos, que habían sido declarados innecesarios para los fines portuarios, se desafectaron del dominio público portuario y se incorporaron al patrimonio de la Autoridad Portuaria, quien procederá a su enajenación, ya se ha efectuado el trámite de comunicación previa a la Dirección General de Patrimonio.

La integración de dichos terrenos en la zona permitirá una operación de remodelación urbanística, que mejorará la calidad del medio urbano y favorecerá la continuidad e interrelación entre la ciudad y el puerto, según el Gobierno español.