El Gobierno de José María Aznar está trabajando en un Estatuto Básico de la Función Pública con el que pretende diseñar la Administración del siglo XXI. Se trata de poner en marcha un sistema de bases de régimen estatutario para casi dos millones de empleados púlicos.

Según "Abc", por el momento el texto del Estatuto elaborado por el Gobierno ha logrado un alto grado de consenso con las autonomías y ahora falta el entendimiento con partidos y sindicatos.

El Estatuto de la Función Pública incluye en su ámbito de aplicación al personal funcionario y estatutario de todas las Administracione Públicas, con las exclusiones derivadas de aquellos colectivos que, por mandato constitucional, tienen una regulación propia.

El texto pactado por el Gobierno y la autonomías introduce novedades importantes en el modelo de la Función Pública, una nueva clasificación de los grupos de titulación y nuevos procedimientos para la promoción profesional, las retribuciones, los concursos y la movilidad.

En el proyecto se ha reformado uno de los artículos más polémicos de los borradores manejados con anterioridad, el artículo 37, que creaba una nueva fórmula de provisión de puestos que se unía a los tradicionales concursos de méritos y libre designación y que fue criticdo por el PSOE.

El Estatuto fija que los funcionarios puedan ser trasladados a otra Administración por necesidades de servicio, incluso cuando implique cambio de residencia.

Por otra parte, el Estatuto diseña un sistema retributivo que permite la movilidad entre las Administraciones Públicas, la identidad de cuantía de las retribuciones básicas en todas ellas y la obligación de que figuren cada año en los Presupuestos Generales del Estado.