En las reuniones con los ayuntamientos en la CNAL y con los consejeros autonómicos en el CPFF por parte de Hacienda, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladará los objetivos de déficit y comunicará los recursos con los que estos organismos del Estado van a contar el año que viene.

En cuanto al cuadro macroeconómico, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, confirmó el pasado jueves que el Gobierno revisará al alza tanto la previsión de crecimiento del PIB para este año como la de 2025.

Aunque no dio cifras, hasta el momento, Cuerpo ha confirmado que la revisión de 2024 llevará el PIB del 2% actual a cerca del 2,5%, mientras que para 2025 la previsión actual es del 1,9%.

El Banco de España prevé que el PIB avance este año un 2,3% y un 1,9% en 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un 2,4% en este ejercicio y un 2,1% para el siguiente, y la Comisión Europea sitúa su proyección en el 2,1% para 2024 y en el 1,9% para 2025.

Paralelamente, el Gobierno ya ha iniciado la negociación para tener PGE en 2025 y la prioridad la tendrían aquellos partidos que le posibilitarían las nuevas cuentas. En este proceso, la intención es aplicar la "geometría variable", que ya le ha valido en el pasado para aprobar distintas normas.

Fuentes del Ejecutivo trasladaron a Servimedia estas ideas de cara a los nuevos Presupuestos, cuyo “pistoletazo de salida” fue anunciado por la propia ministra de Hacienda el mes pasado con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que obliga a los ministerios a determinar sus prioridades y hacer las cuentas.

El contexto es complicado, puesto que no se descarta repetir elecciones en Cataluña, después de que las pasadas, celebradas el 12 de mayo, las ganara el socialista Salvador Illa, sin que de momento haya candidatos en firme a la investidura, ni pactos para respaldar a nadie. En estos momentos, las negociaciones "no avanzan, pero tampoco retroceden", destacaron fuentes del Ejecutivo.

Mientras tanto, para facilitar la tramitación de los primeros pasos de los PGE, el Gobierno ha incluido en la Ley de Paridad una enmienda para eliminar el veto que puede ejercer el Senado sobre los objetivos de déficit para poder aprobarlos con el Congreso, lo que se ha sometido a discusión jurídica por la queja presentada por el PP ante la Mesa del Congreso. Con todo ello, el objetivo final de Montero es presentar el proyecto de Presupuestos en octubre.