A juicio de los socialistas, España carece de suficientes personas para atender estos servicios sociales, donde hay "grandes lagunas" que podrían paliarse, al igual que sucede en otros países europeos, a través de la prestación social sustitutoria (PSS).

Los servicios que realizarían los jóvenes estarían coordinados por las distntas administraciones públicas y las instituciones de carácter humanitario y asistencial que habitualmente cubren este tipo de programas sociales.

La duración temporal de esta prestación podría modificarse en función de la reducción del servicio militar, aunque siempre de acuerdo con las necesidades, programas establecidos y el régimen de la prestación. Actualmente, la PSS tiene una duración de 18 meses, salvo para los mayores de 28 años, que la hacen de 9 meses.

Sin embargo, el texto señala que l notable incremento de las solicitudes para el reconocimiento como objetor y el consiguiente aumento del número de los reconocidos, "plantean dificultades prácticas para el cumplimiento de la prestación social sustitutoria, con lo que se distorsiona tanto el propio derecho a la objeción de conciencia como la naturaleza misma de la prestación del servicio militar".

La propuesta socialista no hace referencia a la situación de los objetores sobrevenidos (los que se declaran como tales una vez incorporads a filas). Su postura está considerada como una negativa a realizar el servicio militar y, por ello, es castigada con penas que oscilan entre uno y seis años de prisión.

INTERES SOCIAL

La ley establece que pueden declararse objetores de conciencia y acogerse a la PSS todos aquellos que por una convicción religiosa, ética, moral, humanitaria, filosófica u otras no quieran realizar la "mili".

Asimismo, señala que la PSS será realizada en centros públicos o privados, en entidades que no tengan ánmo de lucro, sirvan al interés general de la sociedad -en especial a los sectores más desfavorecidos- y no favorezcan ninguna opción ideológica o religiosa.