Estos cambios "clarifican", según el Ejecutivo, "los criterios y procedimientos para la evaluación de las participaciones significativas" en este tipo de entidades, "elevando la seguridad jurídica, agilizando la tramitación con plazos más ajustados, y reforzando la colaboración entre supervisores".

La reforma implica que se deberán notificar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o al Banco de España las adquisiciones en estas empresas que alcancen el 10% del capital o de los derechos de voto de la entidad, frente al 5% actual, así como cuando se rebasen los umbrales del 20%, 30% y 50%.

Asimismo, se deberán comunicar al supervisor correspondiente las participaciones que, no siendo significativas, supongan alcanzar o superar el umbral del 5% del capital o de los derechos de voto.

Por otro lado, se introducen criterios "estrictamente prudenciales claros y tasados" que el Banco de España y la CNMV deben tener en cuenta a la hora de evaluar la idoneidad o no del potencial adquiriente, como son su honorabilidad y solvencia, la honorabilidad de los futuros administradores de la entidad, la capacidad que ésta tiene de cumplir con las obligaciones normativas que les resulten exigibles, y la existencia de indicios racionales de la realización de operaciones de blanqueo o financiación del terrorismo.

También se definen plazos "más claros y transparentes", fijándose el tiempo máximo para que los supervisores finalicen su evaluación y la notifiquen en sesenta días hábiles, y se mantiene el silencio administrativo positivo.