Así se recoge en el proyecto de Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico puso este martes en información pública, tramitación que estará abierta hasta el próximo 24 de mayo para quienes deseen formular alegaciones.

El texto busca conservar y mejorar el capital natural en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas de España y mitigar sus efectos y restaurar las zonas degradadas por la desertificación

Este fenómeno afecta enormemente a la España mediterránea, degrada de las tierras y provoca impactos negativos en la biodiversidad y la productividad de los suelos, así como en la provisión de los demás servicios ecosistémicos.

Según datos del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, el 74% del territorio español es susceptible de ser afectado por este proceso. De esta superficie, algo más de nueve millones de hectáreas están catalogadas como zonas con un riesgo alto o muy alto de desertificación.

Además, el cambio climático agrava esta situación con el aumento de las sequías y los incendios forestales. Del mismo modo, hábitos económicos y sociales como el uso insostenible del agua o el abandono forestal también favorecen los procesos de desertificación y degradación de las tierras en nuestro país.

ACTUACIONES Y MEDIDAS

Para ello, la Estrategia propone actuaciones y medidas para fomentar la planificación y gestión integrada del territorio, y reforzar el papel de la gestión y uso sostenible de los recursos de la tierra en la lucha contra este problema.

Así, trata de mejorar y reforzar las metodologías y herramientas necesarias para evaluar y dar seguimiento al riesgo de desertificación, y de elaborar pronósticos de acuerdo con los diferentes escenarios climáticos y socioeconómicos como instrumento para definir y priorizar estas actuaciones.

La Estrategia prevé crear un Atlas de la Desertificación que permitirá mejorar y actualizar las herramientas para el análisis de riesgo y la toma de decisiones en la lucha contra la desertificación.

Del mismo modo, se plantea elaborar un Plan de Restauración de Terrenos Afectados por la Desertificación para articular la coordinación con las estrategias de restauración ya existentes a nivel nacional y europeo en materia de clima y biodiversidad y de protección del suelo y el agua.

Para hacer extensible la lucha contra la desertificación del territorio, el documento plantea reforzar los mecanismos de cooperación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales para la planificación, diseño y ejecución de actuaciones de lucha contra la desertificación.

De este modo, apuesta por la creación de un Comité Nacional de Lucha contra la Desertificación, adscrito a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y que contará con la participación de los departamentos estatales implicados, así como de las comunidades autónomas, y funcionará como órgano consultivo y de cooperación entre todos ellos

En la misma línea, se propone crear un Consejo Nacional de Lucha contra la Desertificación, como órgano consultivo y de apoyo a la Administración General del Estado, que de plataforma de coordinación con la comunidad científica y civil en materia de lucha contra la desertificación.

Para desarrollar y coordinar las acciones en materia de lucha contra la desertificación en España, se creará una Unidad Técnica de Lucha contra la Desertificación, que deberá proveerse de suficientes recursos humanos y económicos como para permitirle impulsar las políticas de lucha contra la desertificación en España.

NUEVA LEY NACIONAL

Finalmente, la Estrategia prevé impulsar una ley nacional de conservación y uso sostenible de los suelos, alineada con la Estrategia de la UE para la Protección del Suelo para 2030.

A pesar de que hay normativas que afectan a los suelos y a su conservación, actualmente no existe en España una norma nacional específica sobre conservación de suelos. Por ello, la futura ley tendría el carácter de norma básica sobre protección del medio ambiente, ya que abordaría todos los aspectos que afectan a los suelos, incluyendo los que se encuentran parcialmente regulados en otras normas, como es el caso de los suelos contaminados.

La desertificación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son tres de los grandes problemas ambientales de la actualidad y están íntimamente relacionadas entre sí. Estas problemáticas dieron lugar a las tres Convenciones de Río a principios de los 90 del siglo pasado: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Convenio de Diversidad Biológica, que se firmaron en 1992, y la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, firmada en 1994.