Las emandantes, que comenzaron sus denuncias en 1978, alegaron que el organismo manipulaba habitualmente el proceso de contratación de personal para excluir a las mujeres.

En algunos casos, los funcionarios cambiaron los resultados de exámenes de varios hombres para evitar la contratación de mujeres que habían obtenido calificaciones más altas en pruebas orales o escritas.

Todavía falta que un juez apruebe este acuerdo de compensación, que sería la más cara en la historia de la Ley de los Derechos Ciiles, que data de 1964.