"No nos vamos a quedar inactivos ante la posibilida de un recurso sobre la ley de 1993", aseguró a un grupo de periodistas el ministro a la salida del pleno del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Gómez Navarro pidió que la posible modificación de la ley no provoque un "acrecentamiento del enfrentamiento entre los empresarios", en referencia a la postura enfrentada que mantiene la CEOE con las cámaras, ya que la patronal es contraria a la adscripción obligatoria y el pago de las correspondientes cuotas.

El Gobierno creará un grupo de trabajointerministerial para estudiar la sentencia y previsiblemente antes del 30 de septiembre habrá determinado si es necesario modificar la legislación vigente. Antes de esa fecha, el ministro deberá reunirse con Guillermo de la Dehesa, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

De la Dehesa explicó que la probable modificación de la ley actual se basaría en dar más competencias a las cámaras, con lo cual el Tribunal Constitucional podría estimar como necesario la adscripción y el pago obligaorio de cuotas, o, por otro lado, la eliminación de ese pago, que supone para esta organización 30.000 millones de ingresos.

El presidente del Consejo de Cámaras de Comercio aseguró que existen dos recursos presentados sobre la ley de 1993 por la Generalitat catalana y por la valenciana, que si bien reclaman otro aspecto de la ley, la revisión del Alto Tribunal podría poner en duda la constitucionalidad de la norma.

De la Dehesa reiteró que las cámaras son corporaciones de derecho público gestiondas por empresarios, a diferencia de las organizaciones patronales, que son asociaciones y calificó de "equivocada" la postura de José María Cuevas, presidente de la CEOE, que rechaza el pago obligatorio de cuotas.

"No queremos que resulte un enfrentamiento entre empresarios de las cámaras y de la patronal, porque son los mismos", aseguró. De la Dehesa insistió en resaltar el servicio público que prestan las cámaras y de solidaridad interempresarial".