En la contestación remitida a la senadora socialista M. Flor Ardanuy Costa, el Ejecutivo afirma que "la contaminación por ruido es un fenómeno preocupante" y que "sus efectos pueden llegar a ser extremadamente perjudiciales".

"Sin embargo", agrega, "precisamente por su generalización, no es fácil afrontarlo". Recuerda más adelante que nosólo la Administración central tiene la obligación de actuar en esta materia, sino que los ayuntamientos, a través de las ordenanzas municipales, pueden también luchar contra muchos focos emisores.

Desde el punto de vista legal, la normativa española ha sido adaptada a las directivas europeas referidas a motocompresores, grúas, trituradoras de hormigón, palas y cargadoras, cortadoras de césped, vehículos, motocicletas, tractores, aeronaves subsónicas y aparatos domésticos.

"Sin embargo, con ser iportante y necesaria la actuación sobre niveles de emisión sonora de determinados instrumentos o máquinas, dicha actuación se ha revelado insuficiente en la medida en que el nivel de inmisión sonora, sobre todo en las grandes ciudades, se revela bastante alejado del óptimo", reconoce el Gobierno.

En la respuesta, el Ministerio de Relaciones con las Cortes agrega que pese a que determinados ayuntamientos también han tomado medidas sobre las emisiones sonoras, sobre todo en establecimientos públicos, "dcha actuación sigue siendo parcial e insuficiente".

"El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo", continúa el Ejecutivo, "es consciente de la problemática, si bien se ha manifestado como sumamente difícil de abordar, tanto en nuestro país como en la CEE, que todavía no ha efectuado ninguna regulación de carácter general sobre la materia".

Finaliza la respuesta afirmando que el problema está en fase de estudio y de participación en las instituciones comunitarias, para buscar una regulación genera que tenga en cuenta todas las facetas de la cuestión.