El departamento que dirige Elena Salgado recuerda que la petición de los afectados "coincide en esencia" con una iniciativa formulada en el Congreso por el Grupo Popular, en la que se proponía la realización de una sesión para debatir la solicitud de creación de una comisión de investigación.

Esa comisión hubiese tenido por objeto determinar las responsabilidades políticas del Gobierno en la intervención de Forum Filatélico y Afinsa. La iniciativa ya fue debatida y rechazada por la Diputación Permanente del Congreso en sesión celebrada el pasado 12 de julio.

En el texto remitido a la Cámara Baja por Sanidad se recuerda que la Administración ha ofrecido todo su apoyo a las asociaciones de consumidores y usuarios, a través de las cuales se está canalizando el proceso de reclamación judicial, y se ha acordado incluso una subvención de dos millones de euros destinados al apoyo y asesoramiento de los afectados.

La respuesta comienza por puntualizar que Afinsa y Forum Fiolatélico "no son empresas de inversión" y tienen expresamente prohibico por ley participar en actividades reservadas a las entidades de crédito.

El departamento dirigido por Elena Salgado insiste en que la regulación de las entidades dedicadas la inversión en bienes tangibles no es competencia del Ejecutivo, cuya actuación está limitada constitucionalmente a la reglamentación sobre las sociedades de inversión colectiva.

Insiste en que tratar de legislar en esta materia supondría una invasión de las competencias de las comunidades autónomas en materia de defensa del consumidor, que son responsabilidad de los gobiernos regionales.

Pese a ello, el Ministerio de Sanidad y Consumo, las comunidades autónomas y las asociaciones de consumidores y Usuarios han coincidido en la necesidad de mejorar el marco legal al que están sometidas las entidades de inversión en bienes tangibles para "aumentar su transparencia y la seguridad de los ciudadanos".

Sanidad y Consumo insiste en que no tiene ninguna competencia en materia de inspección y control de los derechos de los consumidores, incluso cuando las empresas tengan implantación en todo el territorio nacional.