Esta inversión es consecuencia de los compromisos adquiridos por el Gobierno con las comunidades autónomas para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Residuos Peligrosos, cuyo periodo de vigencia es de 6 años (1995-2001).

El Gobierno reconoce en una respuesta parlamentaria al diputado de la Chunta Aragonesista José Antonio Labordeta que no se han cumplido todos los objetivos del plan, aunque mtiza "que se ha dado un paso positivo en la gestión de residuos peligrosos en España".

Según el Ejecutivo, el incumplimiento de parte de los objetivos que marcó el plan se debe a que contenía previsiones económicas y de instalaciones industriales que no tenían en cuenta las disponibilidades presupuestarias de las comunidades autónomas y de la Administración Central ni las dificultades sociales para la construcción de algunas infraestructuras necesarias para la gestión de estos desechos.

En el año1995, el último gobierno socialista antes de la llegada de José María Aznar a La Moncloa destinó 1.056 millones para cumplir lo estipulado en el plan, en 1996 la cifra se redujo a 810 millones y en 1997, ya con el PP en el Ejecutivo, sólo se destinaron algo más de 70 millones.

La tendencia cambió en 1998, año en el que el Ministerio de Medio Ambiente distribuyó más de 1.500 millones entre las comunidades para contribuir a la gestión de los residuos peligrosos. En 1999 la inversión fue de 1.091 millone y en el año 2000 se situó en 855 millones.

La comunidad autónoma que más dinero recibió de los distintos gobiernos entre 1995 y 2000 para gestionar sus residuos peligrosos fue Cataluña, con más de 3.000 millones, seguida a mucha distancia de Asturias (431 millones), Aragón (369), Andalucía (316), Galicia (310), Castilla y León (252), Canarias (56), Murcia (51), Madrid (36), La Rioja (31), Baleares (28) y Melilla (1).