En rueda de prensa para presentar el anteproyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, Caldera afirmó que el coste será gradual y pasará de los 400 millones de euros en 2007 a los 2.212,9 millones en 2015.

En esa fecha, el coste global del sistema ascenderá a un 1% del PIB, alrededor de 9.000 millones de euros. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos aportarán, en conjunto, una cuantía similar, mientras que el resto correrá a cargo del usuario. Las regiones "han de hacer una aportación económica porque es su competencia".

En 2008 la aportación del Gobierno será de 678,68 millones; en 2009 llegará a 979,3; en 2010 se situará en 1.160,3 millones; en 2011 alcanzará los 1.545,4; en 2012 serán 1.673,8; en 2013 de 1.876; en 2014 de 2.111, y, por último, los referidos 2.212,9 de 2015, para un total de 12.638,19.

El dinero saldrá de los Presupuestos Generales del Estado, como hasta ahora, dijo Caldera, y no se tocará el superávit de la Seguridad Social, agregó. Tampoco se subirán impuestos, "no es necesario", ya que el nivel de crecimiento económico de España "permite" afrontar este coste.

Los usuarios deberán pagar parte del coste de su atención, en función de sus recursos, porque si no "sería imposible" asumir el impacto económico de la ley "sin subir la presión fiscal". No obstante, ahora pagan "toda" su atención, recordó Caldera.

En todo caso, la aportación del usuario no superará el 30% o el 35% del coste, aunque a medida que pasen los años "podrá pagar más", en función del aumento de su renta.

Además, habrá efectos positivos sobre la economía, que crecerá un 1,56% más hasta 2010, y se crearán unos 300.000 empleos, según estudios de Fedea citados por el ministro.

BENEFICIARIOS

Los cálculos del Gobierno hablan de 1.125.190 personas dependientes en la actualidad, de las que 194.508 tienen gran dependencia; 370.603 dependencia severa, y 560.080 dependencia moderada.

En 2010 se espera que la cifra global llegue a 1.246.429; en 2015 alcanzar el 1.373.248, y en 2002 situarse en 1.496.226.

En 2007 se dará cobertura a las personas con gran dependencia; en 2008 y 2009 el derecho se extenderá a las personas con dependencia severa del nivel más grave; en 2010 y 2011 a los dependientes moderados más graves; en 2012 y 2013 a los dependientes severos menos graves; y en 2014 y 2015 a las personas con menor grado de dependencia.

Cada dependiente recibirá una acreditación de su grado de dependencia (equivalente a la de discapacidad), con la que podrá ir a los servicios sociales de su comunidad autónoma para recibir un plan individual de cuidados, explicó la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce.

Los baremos de los seis niveles de dependencia serán pactados por Gobierno y comunidades autónomas en un Consejo Territorial de nueva creación, que también aprobará un Plan de Acción Integral en el que se fijarán los objetivos del cumplimiento de la ley en cada región, determinar los posibles beneficiarios y los recursos necesarios para su atención.

Habrá varios órganos encargados de supervisar el buen desarrollo del sistema, como el Consejo Nacional de la Discapacidad, el Consejo Estatal de Mayores y un consejo consultivo con participación de Gobierno, comunidades autónomas y agentes sociales.

El anteproyecto de ley determina, asimismo, la situación de la palabra disminuido o minusválido por la de persona con discapacidad, en línea con el compromiso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de modificar la Constitución para afrontar este cambio.

NEGOCIACIÓN

El Gobierno iniciará mañana mismo los contactos con las comunidades autónomas para pactar el contenido del proyecto de ley. Se ha convocado una Conferencia Sectorial para el 18 de enero, y en "dos meses", apuntó Caldera, se quiere tener aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de ley.

El ministro apuntó que esta ley es "de las izquierdas" pero "para todos", incluido el PP, y agregó que la sociedad "no entendería" que algún partido o comunidad autónoma "se quedara fuera" del consenso sobre esta ley. El Ejecutivo está "seguro" de lograr un acuerdo "muy amplio" sobre la norma.

Tras la implantación del sistema, en 2015, España se situará "a la cabeza de Europa, sin ninguna duda", en atención a las personas dependientes, sentenció el ministro.

Caldera argumentó que el modelo español es parecido al nórdico de atención a la dependencia, ya que se financia vía impuestos y con aportación del usuario, sin la creación de una nueva cotización, como en el caso alemán, y alejado de la red asistencial, que es la que actualmente existe en España y es la "peor de todas".