El buque griego "Mar Egeo" sufrió un siniestro en La Coruña el 3 de diciembr de 1992, lo que provocó el derrame de unas 80.000 toneladas de petróleo, causando graves daños en la flora y fauna marinas e importantes pérdidas económicas para las empresas de la zona.

Los efectos del naufragio trataron de paliarse mediante dos reales decretos-leyes en 1993 y 1994, que ordenaron al Instituto de Crédito Oficial que pusiera a disposición de las entidades financieras 2.000 millones de pesetas para préstamos a tipos de interés favorables. Posteriormente, el Consejo de Ministros creó líeas de crédito en el ICO de 3.000 millones de pesetas a favor de los mariscadores y pescadores de bajura y de 9.500 millones de pesetas para las empresas de acuicultura. En total, los créditos del ICO ascendieron a más de 12.000 millones de pesetas.

Aunque, en principio, les correspondía a las empresas aseguradoras y al FIDAC -organismo internacional que habitualmente indemniza este tipo de siniestros- responder de los perjuicios causados, los tribunales declararon responsable civil subsidiario al Estdo al 50 por 100, y a fecha de hoy no se han resuelto en vía judicial los principales aspectos de la cuestión, sobre todo la determinación definitiva de las indemnizaciones que corresponderían a los perjudicados.

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el siniestro, el número de afectados y el hecho de que éstos se encuentren obligados a satisfacer al Instituto de Crédito Oficial intereses por los préstamos recibidos de éste, el Gobierno ha considerado conveniente no esperar a la ejecución de as sentencias, que podría demorarse varios años.

Por ello, y tras largas negociaciones con el FIDAC, con la compañía aseguradora y con la propietaria del buque, así como con los representantes de los damnificados, el Gobierno ha decidido dar luz verde al real decreto-ley aprobado hoy, que supone la solución definitiva a los perjuicios derivados del hundimiento del buque.

En el real decreto-ley se autoriza al ministro de Hacienda a firmar un acuerdo transaccional con el FIDAC, con la aseguradora ycon la compañía propietaria del buque, que abonarán al Estado español 38.386.171 euros (6.386 millones de pesetas), llegando el FIDAC de este modo casi al límite de su responsabilidad, a cambio de que el Estado se subrogue en la posición deudora respecto a los damnificados.

También se autoriza al ministro de Hacienda a firmar acuerdos transaccionales extrajudiciales con los perjudicados, por los que éstos, a cambio de su renuncia a las acciones judiciales, quedarán liberados del pago de los principale y de los intereses de los préstamos en su día concedidos por el ICO, siéndoles además devueltos los intereses ya abonados. Además, recibirán como indemnizaciones hasta un total de 63.625.721 euros (10.586 millones de pesetas).