Esta dotación presupuestaria, en línea con la política de contención del gasto público, supone una disminución del 4,6 por ciento en relación con los 114.120 millones de pesetas destinados al PER en 1992, según el Ejecutivo.

De la inversión total aprobada por el Gobierno para 1993, el Estado aporta 41.322 millones de pesetas y las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura 67.533 millones (51.883 Andalucía y 15.650 Extremadura).

El objtivo del PER es proporcionar ocupación a los trabajadores agrícolas en paro, para la realización de obras y servicios, mediante créditos destinados a la financiación de proyectos de inversión de diferentes administraciones.

Con cargo a los 108.855 millones aprobados, se prevén créditos destinados a la financiación de proyectos de inversión en Andalucía por un total de 78.970 millones de pesetas, de los que 27.087 millones corresponden a proyectos de inversión competencia del Estado y el resto, 51.883 illones, a proyectos de inversión competencia de dicha comunidad autónoma.

Por lo que se refiere a Extremadura, los créditos destinados a proyectos de inversión ascienden a un total de 29.885 millones de pesetas: 14.235 para proyectos de inversión asumidos por el Estado y 15.650 para proyectos financiados por la autonomía.

CRITICAS DE CCOO

La Federación Estatal del Campo de CCOO considera totalmente insuficientes las inversiones previstas, ya que, asegura, supone una reducción en un 26,1 por cinto de los proyectos de inversión que son competencia de la Administración central.

Este descenso, según Comisiones, significa "menos inversión, menos empleo y más pobreza para las zonas rurales, en un año donde se prevé un aumento del desempleo".

A juicio de los responsables de esta central, el real decreto aprobado por el Gobierno "incidirá duramente en las condiciones de vida y trabajo de miles de trabajadores" y supone "un ataque a los derechos de los trabajadores agrarios" y "una falta de sesibilidad social".