Ambos destacaron, en rueda de prensa, que Bruselas ha tenido en cuenta la petición de España de que, a la hora de distribuir los derechos de emisión de gases de efecto invernadero entre los países, se siguieran "criterios de equidad", como el PIB por habitante de cada país.

Según apuntó Narbona, "se tienen en cuenta las condiciones de cada Estado, sin generar discriminación".

Narbona subrayó que, en el caso español, la Comisión Europea ha tenido también en cuenta el crecimiento de la "población de hecho" en España como consecuencia del turismo. "Los 60 millones de turistas que llegan a España cada año también contribuyen a las emisiones" de CO2, explicó.

La ministra se mostró confiada en lograr el objetivo marcado para los sectores difusos (agricultura, transporte y construcción) de rebajar en un 10% su límite de emisiones nacionales.

"Si seguimos como hasta ahora y cumplimos con el protocolo de Kioto en 2012, podremos" alcanzar el citado 10%.

Por su parte, el ministro de Industria, Joan Clos, hizo hincapié en que las medidas de Bruselas tendrán una "importancia innegable para la competitividad de la industria y de la economía española y europea".

Incidió en que España está actualmente en el promedio de la UE en cuanto al uso de energías renovables (8% en España, 8,5% en la UE).

Para alcanzar el 20% de renovables en el mix energético español en 2020, tal y como dicta la Comisión, será necesario dividir el esfuerzo entre tres sectores. Estos contribuirán de forma diferente, debido a que "es más posible instalar tecnología para reducir CO2 en unos sectores que en otros".

Así, según Clos, para alcanzar el citado 20%, la producción eléctrica tendrá que duplicar su uso de renovables, desde el actual 20% hasta el 43%; los usos térmicos deberán pasar del 3,6% al 6%; y los biocarburantes, del actual 0,6% hasta tener un peso del 10%.

"Haremos un gran esfuerzo en el sector eléctrico", tanto en energía hidráulica, como en eólica y en solar, comentó Clos.

Para fomentar el uso de energías renovables, Bruselas permitirá a cada país optar por el sistema que considere más apropiado. Frenta a países como Italia y Reino Unido, que prefieren el sistema de certificados verdes o el de subastas, España, como Alemania, se decanta por el de complementos de tarifa a las renovables (es decir, primas).

Los ministros insistieron en que todas las directivas comunitarias son vinculantes, por lo que España deberá cumplir con estas metas, si no quiere ser sancionada.

Finalmente, concluyeron que, con esta directiva, Europa reafirma su voluntad de liderar las políticas de cambio climático mundiales y contribuir decididamente al fomento de las renovables y a la lucha contra el cambio climático.