El Ejecutivo catalán se opone al decreto de 11 de octubre de 2002 que regula el procedimiento para obtener la evaluación y certificación de la ANECA a efectos de contratación de estos trabajadores, ya que considera que eso es responsabilidad de las autonomías.

El Consejo de Ministros consideró hoy que ese decreto "no es sino el desarrollo de la regulación prevista en la Ley Orgánica de Univesidades (LOU) y que, de acuerdo con diversas sentencias del Tribunal Constitucional, el Estado tiene atribuida la competencia para dictar las normas básicas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en materia universitaria, al tiempo que garantiza la calidad y viabilidad de las universidades".

En segundo lugar, el Gabinete de José María Aznar recuerda que la creación de la ANECA tiene entre sus objetivos suplir la inexistencia de órganos autonómicos de evaluación, com precisamente sucede en Cataluña, "comunidad en la que todavía no se ha establecido el órgano de evaluación externo por ley como exige la LOU".