El portavoz del Gobierno, Migel Angel Rodríguez, descartó la responsabilidad del Ejecutivo en la elección, asegurando que ha sido el propio fiscal General quién, en uso de su independencia, ha propuesto el nombramiento.

"No es el Gobierno el que tiene en cuenta las recomendaciones del Consejo Fiscal o no. Ha sido el fiscal General del Estado el que h considerado no vinculante su informe y lo fundamenta jurídicamente en el escrito que ha remitido a la ministra de Justicia", dijo.

Cardenal sí tomó en cuenta el dictámen del Consejo Fiscal relativo al traslado forzoso de María Dolores Márquez de Prado como fiscal de la Audiencia y, sin embargo, no ha considerado vinculante su decisión unámine en contra del nombramiento de Fungairiño.

Según Rodríguez, "el Gobierno se ha limitado en este caso y en el de la fiscal Márquez a apoyar la decisión del fscal General del Estado".

BUEN "CURRICULUM"

El portavoz consideró que Fungairiño tiene un "muy buen 'curriculum' profesional, sobre todo en materia antiterrorista", lo que le convierte en persona apta para desempeñar el cargo en un tribunal en los que son juzgados los delitos terroristas.

El Gobierno ha considerado que la argumentación de Cardenal es "más que suficiente" para justificar la consideración no vinculante del órgano de dirección de los fiscales.

El Consejo Fiscal expuso en su dctámen que Fungairiño no reunía las condiciones profesionales exigidas para ocupar el cargo de fiscal jefe por lo que, en teoría, su nombramiento podría ser impugnado y ser declarado nulo. Sin embargo, esta posibilidad no inquieta al Gobierno, que confía en la idoneidad del nombramiento.

Cardenal afirma en el documento que elevó a la ministra de Justicia que los dictámenes del Consejo Fiscal no son vinculantes cuando tratan sobre la idoneidad de los candidatos a un puesto o cuando se refieren al asceno de los fiscales en su carrera profesional.

NATURALEZA CONSULTIVA

A su juicio, "la naturaleza eminentemente consultiva de este órgano de asistencia" le impide desempeñar funciones decisorias, salvo en materia de recursos contra ciertas sanciones.

Estima, además, que la competencia de proponer los nombramientos le corresponde al fiscal General y la de ejecutarlos, al Gobierno, sin que medie ninguna relación de vinculación de uno y otro al dictámen del Consejo, para lo cual se apoya en el artícuo 13 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Cita igualmente que cuando dicha norma quiere establecer que la conclusión de un informe del Consejo tenga caracter vinculante lo expresa en términos que no dejan la menor duda y, en caso contrario, tales informes no serán vinculantes, según la interpretación de Cardenal.

El fiscal general entiende que las normas que desarrolla el Estatuto establecen que la consulta al Consejo Fiscal en caso de ascensos sea de audiencia y no vinculante, y señala csos concretos anteriores a su decisión para avalar esta tésis.

Finalmente, Cardenal entiende que los informes sobre ascensos y nombramientos no pueden consistir "en un escueto parecer favorable o desfavorable al ascenso, a modo de veredictos o partes dispositivas de una resolución, sino en exposiciones de datos y circunstancias, que manifiesten el historial profesional del candidato, así como la concurrrencia, o no, de los requisitos legales y los demás elementos de juicio relevantes para la finalidadlegalmente asignada al procedimiento en que haya de emitirse el informe".