Borrell precisó que ambas partes pueden llegar a un acuerdo "en un plazo de quince días" tanto en el calendario a aplicar para la revisión de los valores catastrales como sobre la implantación del nuevo impuesto de actividades económias, que sustituirá a los principales tributos locales actualmente en vigor.

Hizo hincapié en que la intención del Gobierno central es consensuar el calendario no sólo con los ayuntamientos sino también con las comunidades autónomas.

Según Borrell, el calendario que se establezca depende de las garantías que se quiera ofrecer al ciudadano. Por ejemplo, el envío a cada ciudadano de un recibo en el que conste el valor catastral, el tipo aplicable y la consiguiente cuantía del impuesto exige una modiicación de la Ley de Haciendas Locales.

También exigiría una modificación legal y más tiempo el envío de una prenotificación con los datos físicos del inmueble, para que el contribuyente pueda solicitar la corrección de los errores que aprecie. Lo mismo ocurre con el problema que plantea la valoración de las viviendas de protección oficial, que habría de realizarse en colaboración con las comunidades autónomas.

Borrell aseguró que el Gobierno tendrá en cuenta estas y otras consideraciones formulaas por ayuntamientos y comunidades. "Pero lo que no puede ser -advirtió- es que nos pase lo que ocurrió con el último intento de revisión catastral, en 1906, que fue abortado el general Primo de Rivera ante las presiones de los terratenientes andaluces, alegando que eran precisos más estudios para hacerlo todo perfecto".

REGULARIZACION FISCAL

Por otra parte, Borrell admitió que puede haber algunas devoluciones de la declaración de la renta que se hayan perdido "ya que nueve millones circulan por coreo", pero se mostró convencido de que eso es algo que no tiene trascendencia social.

El secretario de Estado señaló que el Gobierno no ha estimado cuanto "dinero negro" podrá aflorar como consecuencia de la próxima regularización fiscal, e insistió en que esta última consiste básicamente en "incentivar" un mecanismo legal que ya existe, la declaración complementaria. No adelantó tampoco cual será el tipo de interés del activo opaco que sustituirá al pagaré del Estado.

Por último, lamentó que el PV haya abandonado la ponencia que estudia la reforma fiscal en protesta, según dijo, por el recurso del Estado contra la actualización de balances de las empresas aprobada por el Gobierno vasco. A su juicio, son dos cuestiones distintas que no deberían mezclarse.