La Administracón central entiende que, de acuerdo con el convenio, suscrito el pasado diciembre, no han sido vulneradas las competencias asumidas por el Gobierno de Jordi Pujol en materia de enseñanza universitaria, ni tampoco su autonomía financiera.

El acuerdo del Consejo de Ministros señala que es claramente contrario al principio de lealtad constitucional el hecho de que la Generalitat rubricara el convenio de colaboración y después lo haya "puesto en cuestión y requerido al Gobierno del Estado para que adopte l acuerdo de dejarlo sin efecto".