El Ejecutivo ha acordado la desestimación del requerimiento de incompetencia presentado por el Gobierno catalán en relación con el artículo 15.1 del Estatuto de la entidad pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), aprobado por Real Decreto el pasado 30 de diciembre, y contra el artículo 8.1 del Estatuto de la entidad pública RENFE-Operadora, aprobado también ese mismo día.

En ambos casos, el Gobierno daba los pasos necesario para avanzar en la privatización del sector ferroviario e iniciaba la separación de Renfe de Renfe Operadora, además de crear el ADIF, sustituto del anterior Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

El Gobierno recuerda que este motivo de supuesta inconstitucionalidad ya fue desestimado por la sentencia del Tribunal Constitucional 118/96 que fija que la intervención de la Generalitat en las empresas públicas del Estado tendrá lugar "de acuerdo con lo que establezcan las Leyes del Estado",por lo que "es evidente que el Estado es competente para regular la gestión de la sociedad estatal RENFE, atribuyendo el control de la misma al órgano que estime conveniente".