Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia e Interior, Robles explicó que existen en España en estos momentos 86.000 objetores reconocidos, y de ellos 65.000 están pendientes deque se les asigne un puesto.

En declaraciones a los periodistas, la responsable del Ministerio de Justicia rechazó de modo categórico la hipótesis manejada por algunos medios informativos de que el Ejecutivo estudie conceder una "amnistía" a los objetores similar a la de años atrás con el fin de hacer frente a la actual avalancha de demandantes.

"No puede ser que porque la Administración no sea ágil, determinados ciudadanos se queden sin cumplir una obligación social. La prestación es una responsbilidad que está legalmente establecida y hay que cumplirla", aseveró Robles.

En su comparecencia, dio cuenta a los diputados de un proyecto de su departamento para descentralizar la Oficina para la Prestación del Servicio Social Sustitutorio. "Hay un atraso importante en la oficina y hay que darle una salida", admitió Robles.

Aseguró que esa descentralización supondría transferir determinados servicios que ahora presta la oficina en Madrid a las comunidades autonómas, "porque no tiene mucho sentdo además que determinadas actuaciones tengan que hacerse en Madrid".

Margarita Robles informó de que el Gobierno firmará próximamente nuevos convenios de colaboración con distintas instituciones, entre ellas el Insalud y Cruz Roja.