El artículo dos de dicho convenio, que entró en vigor en mayo de 1937 y fue ratificado por España en junio de 1958, dispone textualmente que "en los trabajos subterráneos de las minas no podrá estar empleada ninguna persona del sexo femenino, sea cual fuere su edad".

Esta prohibición, asegura el Ejecutivo, contraviene lo dispuesto en otros convenios ratificados por España, que propugnan la igualdad de sexo en el empleo y la ocupación, entre los que se encuentran el Convenio 111 de los OIT y la Convención de las Naciones Unidos de 1979 sobre eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer.

Además, la Constitución Española también propugna la igualdad de los españoles y la no discriminación laboral por razón de sexo.