Así lo explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Subrayó que el Gobierno estudia desde hace meses posibles fórmulas para evitar que representantes de formaciones ilegalizadas puedan acceder a gobiernos municipales, como ocurrió en País Vasco y Navarra con fuerzas políticas vinculadas al entorno de ETA.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha enviado al Gobierno sus "consideraciones" sobre las posibles vías, que pasan sobre todo por la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local.

Junto a esas consideraciones, el Gobierno está estudiando otras proporcionadas por los servicios jurídicos del Estado y con todo ello baraja la redacción de una propuesta concreta.

Sin embargo, como ya adelantó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, una reforma legal que recorte derechos y libertades no podrá tener efectos retroactivos, por lo que no podría ser aplicada en los ayuntamientos actualmente gobernados por esas formaciones.

El objetivo, precisó la vicepresidenta, es que esa reforma esté aprobada para que en las próximas elecciones municipales haya garantías de que esas formaciones no podrán acceder a los gobiernos de los ayuntamientos.