Así lo avanzo la ministra y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde reiteró que, hasta que no haya un nuevo presidente electo con capacidad de nombrar a los ministros, las decisiones del Ejecutivo serán “ordinarias”.

Esto significa que las iniciativas que se lleven a cabo durante las próximas semanas no pueden comprometer la acción política del siguiente Gobierno, lo cual imposibilita que el Consejo de Ministros inicie la senda para elaborar los PGE. “Tendrá que hacerlo el próximo Gobierno”, confirmó Rodríguez.

Teniendo en cuenta esta circunstancia y el calendario parlamentario, la confección de las cuentas públicas no comenzará antes de principios de septiembre, y eso en el caso de que poco después de constituirse las Cortes y los grupos parlamentarios de las primeras consultas del Rey saliera un candidato a la investidura que fuera realmente investido presidente del Gobierno.

Por tanto, el nuevo Ejecutivo tendrá un tiempo muy limitado para aprobar los PGE antes del 1 de enero. En este sentido, cabe recordar que el primer paso para dar luz verde a unas nuevas cuentas públicas, la aprobación del techo de gasto –el desembolso máximo fijado para el conjunto de las administraciones públicas– se debería realizar por ley el 1 de agosto, es decir, en apenas una semana.

En el caso de no poder sacar adelante unos nuevos PGE, se prorrogarán las cuentas públicas de 2023. El Gobierno tendrá que tomar medidas adicionales para cuadrar el presupuesto, ya que está previsto que la Comisión Europea apruebe las nuevas reglas fiscales para el próximo ejercicio, obligando a los Estados miembro a rebajar su déficit hasta, por lo menos, el 3% del PIB.

FONDOS EUROPEOS

Con respecto a los fondos europeos, Rodríguez confirmó que el Gobierno seguirá convocando las licitaciones y subvenciones vinculadas a los fondos Next Generation EU porque forman parte de la labor ordinaria del Consejo de Ministros.

Asimismo, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos avanzaron a Servimedia que la solicitud del cuarto desembolso de fondos europeos –que asciende a 10.000 millones de euros– también se puede realizar con el Gobierno en funciones, por lo que espera materializarla antes de fin de año. Para este ejercicio también se contempla la petición del quinto pago, que tiene un valor de 7.000 millones.