El Gobierno defendió este viernes esa tesis en el encuentro ‘Cambio climático, transición ecológica y personas con discapacidad’, organizado por el Grupo Social ONCE en Madrid, dos días después de que este miércoles se celebrara el Día Mundial del Medio Ambiente.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, comentó que las personas vulnerables, entre ellas las que tienen alguna discapacidad, “no pueden permitirse ni el negacionismo ni el retardismo” sobre el cambio climático.

“Solamente si tienes la capacidad económica para adaptarte o vives en un colectivo de la ‘parte buena’ de la transición puedes permitirte negar el cambio climático o decir que no hay emergencia climática. Creo que las personas con discapacidad no pueden permitirse que el negacionismo y el retardismo sean el discurso generalizado”, comentó.

Martínez indicó que el Observatorio de Salud y Cambio Climático, impulsado por varios departamentos ministeriales del Gobierno, incorporarán “la dimensión de la discapacidad” en sus directrices, estudios y planes.

Subrayó que el cambio climático “atraviesa las desigualdades” y sus costes de adaptación son “altos”, puesto que afectan más a las personas o los barrios con menos recursos.

Por ello, demandó más formación para las mujeres y las personas con discapacidad en las nuevas oportunidades de empleo que generará la transición ecológica, puesto que se producirán en sectores “normalmente muy masculinizados” y tecnológicos.

“PREOCUPACIÓN”

Por su parte, la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Valvanera Ulargui, indicó que “ahora es el momento” de establecer marcos regulatorios que prevengan los riesgos climáticos para las personas vulnerables y se mostró partidaria de que en la esfera internacional haya “un programa de transición justa” que facilite a las personas con discapacidad el acceso a los nuevos nichos laborales relacionados con la sostenibilidad y los empleos ‘verdes’.

El vicepresidente primero del Grupo Social ONCE, Alberto Durán, aseguró que las personas con discapacidad tienen una “mayor afectación” con el cambio climático porque forman parte de un colectivo más vulnerable que el resto de la población.

“Estamos ya comprometidos con la transición justa y pedimos que sea inclusiva. Vemos una oportunidad de creación de empleo”, recalcó, antes de expresar su “preocupación” por aspectos relacionados con la movilidad. Por ejemplo, que los coches eléctricos incorporen sillas de ruedas.

“Queremos participar en esos tránsitos a una economía sostenible para que no se nos deje fuera, que esa transición sea justa e inclusiva y se tenga también en cuenta a las personas con discapacidad. Desde lo social y desde lo inclusivo levantamos la bandera de la sostenibilidad sin ningún complejo y también queremos que desde la sostenibilidad se levante la bandera de la inclusión sin ningún complejo”, sentenció.

MESA REDONDA

El encuentro fue conducido por Fernando Riaño, director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE, y contó con una mesa redonda moderada por Ana Herrero, directora de Transformación Sostenible de Forética, y que contó con intervinientes de forma presencial o telemática.

En esa mesa redonda, Cristina Linares, codirectora de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III, consideró “sumamente importante” que los planes de adaptación al cambio climático incorporen a las personas con discapacidad.

Por ejemplo, recordó que el paso del huracán Katrina por el golfo de México en 2005 evidenció que había deficiencias en el transporte de personas en silla de ruedas.

Stefan Trömel, especialista senior sobre discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacó que “la intersección entre cambio climático y discapacidad no siempre se ha dado”, y que existe una “infrarrepresentación” de las mujeres en los nuevos empleos ‘verdes’, un “riesgo” que también podría extenderse a las personas con discapacidad.

Lourdes González, responsable de Accesibilidad Tecnológica del Grupo Social ONCE, defendió que “sostenibilidad y accesibilidad tienen que ir de la mano”, y que los productos tecnológicos son más sostenibles porque, entre otras razones, no obligan a los usuarios a tener el último dispositivo disponible.

Gregorio Saravia, delegado del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recalcó que “todas las políticas públicas tienen que ser inclusivas”, incluidas las relacionadas con cuestiones climáticas.

Por último, Jonas Bull, investigador sobre derechos de personas con discapacidad de Human Rights Watch (HRW), desganó una investigación de esta organización sobre el impacto del calor extremo sobre las personas con discapacidad en España.