El artculo 21 del proyecto de ley, que deniega el acceso de los ciudadanos a la información que de ellos tengan las fuerzas y cuerpos de seguridad, es "de más que dudosa constitucionalidad" para la Comisión de Libertades e Informática (CLI).

Según el texto, el hecho de negar a los ciudadanos el acceso, rectificación o cancelación de los datos que sobre ellos mismos existen en los ficheros policiales está justificado por "los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, a protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando".

Además, "los responsables de los ficheros de la Hacienda Pública podrán, igualmente, denegar el ejercicio de los derechos (...) cuando el mismo obstaculice las actuaciones administrativas tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en todo caso, cuando el afectado esté siendo objeto de actuaciones inspectoras".

FRENTE DE OPOSICION

La CLI, integradapor una decena de organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Jueces para la Democracia, la Asociación Española de Marketing Directo, la Asociación de Técnicos de Informática, la Unión de Consumidores de España o los sindicatos CCOO y UGT, considera que las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista han "ignorado totalmente nuestras propuestas".

Por el contrario, la Comisión de Libertades e Informática ha valorado "muy positivamente" las emiendas presentadas al proyecto de ley por el PP, IU, CiU, CDS, EA y EE.

Las principales bases de datos oficiales afectadas por el polémico artículo 21 son el ordenador central de la Policía ("Berta") que procesa los DNI, ficheros policiales y pasaportes, entre otras informaciones; el ordenador "Duque de Ahumada" de la Guardia Civil, el de la Jefatura de Tráfico, la computadora "Rita" del Ministerio de Economía y Hacienda, los historiales clínicos de los hospitales del Insalud y el registro de recluso del Ministerio de Justicia.

Por otro lado, las garantías para el ciudadano que la Lortad estipula para los ficheros de titularidad privada (es decir, los de empresas de marketing directo, entidades bancarias, grandes almacenes, etc.) son excesivas, a juicio de la Asociación Española de Marketing Directo, que teme la proliferación de publicidad indiscriminada en los buzones ante las dificultades para formar bancos de potenciales clientes.

ENMIENDAS DEL PP

El Partido Popular anunció el pasado lues que una de las enmiendas presentadas por su grupo parlamentario que considera "esenciales" es la referente a la necesidad de autorización judicial para que los cuerpos de seguridad puedan obtener datos sensibles (ideología, raza, religión, preferencias sexuales) de los detenidos.

Asimismo, otra modificación fundamental que demanda el PP es la supresión en el proyecto de ley de la circunstancia "el cumplimiento de las funciones de control y verificación de las administraciones públicas", como uno delos motivos para no informar al afectado acerca de la trascendencia de su declaración.

Por último, el tercer aspecto calificado de "vital" por el PP es el referente a la Agencia de Protección de Datos (APD), "un órgano meramente administrativo", tal y como aparece en el proyecto del PSOE, según el principal partido de la oposición, para el que debería crearse la figura de un comisionado parlamentario, que ejerciera un control independiente de la aplicación de la Lortad.

El Partido Popular ha amenzado con presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta ley si no se modifica su actual redacción durante el trámite parlamentario.