Así lo asegura el Ejecutivo en un escrito enviado al Congreso de los Diputados y al que tuvo acceso Servimedia, en respuesta a una pregunta por escrito formulada por el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro.

Recuerda el Gobierno que "todo ciudadano, sea condenado por el delito que sea, tiene reconocido el derecho a solicitar para sí o para otros el indulto".

La circunstancia de haber ejercido responsabilidades de Gobierno como presidente o como ministro "no queda excluida del derecho a solicitar el ejercicio de la prerrogativa de gracia ni para sí ni para otros", precisa el escrito.

El Ejecutivo argumenta que el hecho de haber ejercido esas funciones no resta derechos de ciudadanía y, por tanto, un ex presidente o un ex ministro no deja de ser ciudadano ante los poderes públicos, con plenitud de sus derechos como tal.

"Tampoco hay restricción legal alguna respeto de los delitos por los que se puede ejercer el derecho a solicitar indulto", continúa el escrito. "En este sentido, que sea un delito de malversación o cualquier otro no es una circunstancia jurídicamente relevante para denegar el ejercicio de dicho derecho a solicitar indulto para un condenado".

En consecuencia, el Gobierno defiende ese derecho de cualquier ciudadano y explica que estudiará la petición y resolverá "lo que proceda", como hace, precisa, con cualquier otro ciudadano que solicita el indulto para sí o para otros.

Dado que toda petición de indulto provoca la necesidad de incoar y tramitar un procedimiento con audiencia necesaria del tribunal sentenciador, del Ministerio Fiscal y del ofendido por el delito, con base en todo ello el Ministerio de Justicia formulará la propuesta motivada de resolución, que será elevada al Consejo de Ministros, explica el Gobierno.