La institución que dirige Alvaro Gil-Robles señala en el capítulo de Obras Públicas, que existe un elevado número de quejas sobre expropiación forzosa recibidas en la Oficina del Defensor del Pueblo durante el ao pasado confirman la ineficacia del actual sistema de expropiaciones aplicado por la Administración.

El informe del Defensor del Pueblo señala que el Gobierno no ha resuelto la práctica administrativa habitual de incumplir los plazos legalmente previstos ara la determinación y pago de los justiprecios expropiatorios, y cree que las responsabilidades por demora en los pagos que se autoimpone el Estado no satisfacen en su plenitud el perjuicio causado al expropiado.

La insititución reconoce que algo ha mejorado la situación de los exporpiados con la aceptación por el Gobierno de introducir en los Presupuestos Generales del Estado para 1993 una partida de 54.000 millones de pesetas para hacer frente a estas obligaciones pensientes, pero señala que permancen buena parte de los aspectos que originan esos atrasos.

A juicio del Defensor del Pueblo, la mejopr vía para solventar la situación es modificar la normativa actual sobre expropiación forzosa, de manera que se simplifique y agilice la tramitación y liquidación de los expedientes.

Entre los aspectos que la oficina de Gil Robles cree necesario subsanar rápidamente figura el reconocimientode oficio por la Administración de los intereses de demora y el incumplimiento de la obligación de pago cuand no existe mutuo acuerdo, al menos de la parte de la exporpiación en la que Estado y afectado están de acuerdo.

Además, destaca otras irregularidades como las "dificultades excesivas" para reconocer el derecho de revisión cuando se han dado los supuestos legales para hacerlo, y la inhibición de los organismos públicos en las reclamaciones que denuncian una ocupación de terrenos por los contratistas de las obras que excede la superficie expropiada.

También señala como práctica habitual del MOPT lafalta de medios materiales y humanos suficientes en algunos Jurados Provinciales de Expropiación para resolver los recursos sobre expedientes, y el uso "abusivo y casi generalizado" del procedimiento expropiatorio de urgencia.