Al menos esta es la intención de los sindicatos UGT y CCOO, que han preparado un paquete de medidas legales ante los tribunales de España y la CE, en el que se incluye un recurso al Tribunal de Justicia de Luxemburgo exigiendo al Gobierno español que cumpla la directiva comunitaria de octubre de 1980 sobre esta cuesión.

Las centrales han puesto fecha al Gobierno, el próximo día 27, para que promueva el diálogo entre todos los agentes implicados en el problema, incluidas las comunidades autonónomas y los actuales propietarios de Ercros, ya que de lo contrario emprenderán las acciones legales oportunas ante los tribunales españoles y nuevas movilizaciones, que aseguran más radicales de las llevadas a cabo hasta ahora.

Sin embargo, se reservan la posibilidad de acudir a los jueces de la CE para el supuesto de ue no exista un acuerdo interno que aporte soluciones industriales, financieras y de empleo a la crisis de Ercros. En ese supuesto, la principal baza legal de las centrales sería la normativa comunitaria.

Los dos sindicatos ya han analizado en profundidad esta directiva de los "doce", cuyo artículo 8 dice: "Los Estados miembros se asegurarán de que se adopten las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores asalariados y de las personas que ya han dejado la empresa o el centro deactividad del empresario, en la fecha en que se produce la insolvencia de este".

Dicha directiva extiende la obligatoriedad de los "doce" a garantizar la cobertura cuando el cierre afecte a los derechos adquiridos o en curso de adquisición de los trabajadores, sus viudas y huérfanos, "en virtud de regímenes complementarios de previsión profesional o interprofesional que existan, independientemente de los regímenes legales nacionales de Seguridad Social".

Fuentes jurídicas consultadas por Servimeda indicaron que, en el supuesto de que Ercros no logre salvar su actual situación financiera, bien con nuevas inversiones de sus dueños o con la venta a otra empresa que la reflote, las centrales podrían acudir al Tribunal de Luxemburgo casi seguros de ganar el litígio.

Este mismo criterio es compartido por la Dirección General de Seguros, cuyos responsables ya han transmitido al Ministerio de Economía toda la documentación sobre dicha normativa comunitaria y las sentencias del Tribunal de Luxemburgo n las que ha fallado a favor de los trabajadores.

Los responsables de Seguros señalaron a esta agencia que el caso Ercros es precisamente el mejor ejemplo de lo que se pretende evitar con la nueva Ley de Ordenación del Seguro, cuyo borrador recoge la obligatoriedad de sacar del balance de las empresas los fondos de pensiones y pasar su gestión a entidades externas.

Esta medida, indicaron, está basada precisamente en esa directiva, porque impide que un empresario que ha quebrado deje desprotegidosa los trabajadores que han dotado con parte de sus salarios un fondo interno de pensiones.

Según los cálculos de UGT y CCOO, actualmente Ercros debe a sus 13.000 trabajadores pasivos un total de 60.000 millones de pesetas, que deberían haberse destinado a dotar de recursos suficientes fondos de pensiones para que el sistema de previsión del grupo funcione independientemente de la situación financiera de la empresa.