Tanto el diputado del PP Francisco Vañó como la representante de CiU, Concepción Tarruella, afirmaron en el Pleno de la Cámara Baja que mantendrán una actitud "vigilante" ante la promesa del Ejecutivo de impulsar un proyecto de ley para mejorar la fiscalidad de los patrimonios protegidos.

Y es que, aseguró Vañó, "las promesas incumplidas generan mayor grado de frustración", por lo que rogó al Ejecutivo que "no juegue" con las personas con discapacidad.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de establecer un mecanismo que mejore las condiciones fiscales de los patrimonios protegidos, ya que hasta ahora no se utilizan en la medida que hubiera sido deseable, según señaló en su intervención el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Joan Tardá, quien apuntó que en 2006 se constituyeron sólo 109 patrimonios protegidos y en 2007 fueron 169.

MEJORAS

La ley aprobada hoy es, según declaró a Servimedia la diputada socialista Carmen Juanes, "una reforma de gran calado" que recoge soluciones para mejorar el tratamiento fiscal de los patrimonios protegidos de las personas que no pueden gobernarse por sí mismas.

La ley permitirá conocer el número y el alcance de incapacitaciones existentes en España, algo para lo que ahora hay dificultades, y centralizará los datos de incapacitaciones, actualmente dispersos en varios registros municipales.

Del mismo modo, facilitará la efectiva puesta en práctica de la figura del patrimonio protegido, haciendo publicidad a través del Registro Civil no sólo de los nombramientos de los administradores de estos patrimonios, sino también de su constitución y contenido.

En esta misma línea, impone a los notarios la obligación de comunicar al Ministerio Fiscal la constitución de un patrimonio protegido y legitima a este mismo ministerio para obtener información de organismos públicos en relación con el ejercicio de la tutela de estos patrimonios, con el fin de mejorar su control.

La norma aprobada hoy, que introduce un principio de coordinación entre las distintas secciones del Registro Civil, reforma a su vez la ley de 1956 sobre este registro en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y otra de 2003 sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad.