Según explicó Caldera, en el texto rige el principio de libertad de elección por parte de este colectivo, por lo que se reconoce y regula de forma diferenciada el conocimiento, aprendizaje y uso de la Lengua de Signos Española, así como de los medios de apoyo a la comunicación.

Por lo que se refiere al aprendizaje, el anteproyecto de ley establece que las administraciones educativas dispondrán lo necesario para asegurar este aprendizaje al alumnado sordo, con discapacidad auditiva o sordociego que libremente haya optado por esta lengua.

Además, se garantizará el aprendizaje de la lengua oral y de los medios de apoyo a la comunicación a las personas sordas. En este sentido, las administraciones educativas podrán ofertar modelos educativos bilingües para estos alumnos e incluir en los planes de estudio el aprendizaje de la Lengua de Signos Española como asignatura optativa para el conjunto del alumnado.

El anteproyecto garantiza el derecho a los servicios de un intérprete y de apoyo a la comunicación cuando el usuario lo precise para acceder a la formación, empleo, salud, cultura, deporte, ocio, transportes, relaciones con las administraciones públicas, participación política, medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales recordó también que el Gobierno creará el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción, con la finalidad de investigar, fomentar, promover iniciativas, coordinar actuaciones y extender la subtitulación y la audiodescripción como medios de apoyo a la comunicación de las personas que lo precisen.

SANCIONES E INFRACCIONES

Por otra parte, Caldera presentó el anteproyecto de ley por el que se establecerá el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Explicó que se consideran infracciones administrativas las vulneraciones del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas.

Igualmente, cuando se den acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para el infractor.

El anteproyecto de ley establece sanciones que oscilan desde 301 euros hasta un millón de euros para los autores de este tipo de infracciones.

Por último, el titular de Asuntos Sociales informó al Consejo de la Discapacidad de la puesta en marcha del primer Plan de Apoyo al Deporte Paralímpico (Plan ADOP), cuya finalidad es la formación de atletas paralímpicos ante los Juegos de Invierno Turín 2006 y de Verano Pekín 2008.

Caldera indicó que los textos que regularán estas acciones se presentarán a las comunidades autónomas el próximo día 27 de julio en la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales.