Este acuerdo, el cuarto pactado desde la instauración de este sistema de concertación, supone, según Velázquez, un fuerte impulso a los cursos gestionados desde el INAP y destinados a todos los empleados públicos que trabajan en los distintos niveles administrativos.

A lo largo del próximo año, el INAP dispondrá, dentro de los Presupuestos Generales del Estado para estas actividades, de unos fondos superiores a los 100 millones de euros, frente a los 95,4 de 2005.

Algunas de las novedades que incorpora este cuarto acuerdo son la apuesta por las acciones formativas conjuntas entre diferentes administraciones, con lo que se potencian los llamados "planes interadministrativos", destinados no sólo al personal de la administración promotora, sino también al de otros niveles administrativos.

Asimismo, se introducen mecanismos de evaluación de planes, detección de necesidades, intercambio de información y promoción de actividades complementarias en materia de divulgación y fomento, que garanticen una mayor eficiencia del sistema global.

Otra novedad es la de considerar la Formación Continua no sólo como un derecho, sino también como un deber del empleado público. De esta forma, se quiere convertir la acción formativa en una herramienta esencial del proceso de modernización y mejora de los servicios públicos.