Según señaló la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa porterior al Consejo de Ministros, "nuestro compromiso es que, en España, las empresas cuenten con un marco adecuado para desarrollar sus políticas de RSC en las mejores condiciones".

De la Vega destacó que la promoción de los derechos humanos y de unas condiciones laborales justas -dentro y, sobre todo, fuera de España-, el respeto por la seguridad de los empleos, la defensa del medio ambiente y del desarrollo sostenible, "son prácticas que las empresas deben promover y el Estado apoyar y defender, yendo incluso más allá de lo que exigen las leyes", apostilló.

Con el real decreto aprobado hoy, el Consejo de RSC se amplía y actualiza para dar cabida a los Ministerios de Educación, Política Social y Cultura, y al de Igualdad. Además se refuerza en su funcionamiento la representación de las organizaciones empresariales y sindicales y de otras instituciones de reconocida representatividad en este ámbito, y cada uno de los cuatro grupos pasa de 12 a 14 representantes, con lo que habrá un total de 56 vocales.

Entre otras cuestiones, la norma aprobada hoy actualiza el texto de principios de año que recogía que la presidencia del Consejo sería asumida por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, o que la Secretaría sería asumida por la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo.

En ambos casos, los nombres a los que se hacen referencia han de ser adecuados a la nueva organización gubernativa surgida de las elecciones generales celebradas la pasada primavera.

Una vez esté publicado este nuevo real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración se enviarán las invitaciones oficiales para que las organizaciones no gubernamentales, expertos académicos, agentes sociales y administraciones, nombren oficialmente a sus representantes en el Consejo o acepten su inclusión en el mismo.

El Consejo tendrá una composición cuatripartita y paritaria, y cada grupo contará con 12 vocales. En el primero estarán las organizaciones empresariales, el segundo contará con representación de los sindicatos, el tercero de las organizaciones sociales y expertos académicos, y el cuarto contará con representantes de las administraciones públicas.

Hasta el momento, solamente las comunidades autónomas han acordado quiénes van a ostentar su representación al aprobar a finales de junio dentro de la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales que las tres primeras comunidades serían Ceuta, Extremadura y Galicia.

Por otra parte, fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias también han manifestado a Servimedia que su representación en el Consejo recaerá en el propio Pedro Castro, como presidente de la misma.