El texto legislativo que hoy aprobó el Ejecutivo y que próximamente pasará el trámite parlamentario ha sido sometido a consulta a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, al Consejo Económico y Social y al Consejo Fiscal.

Gracias a las modificaciones en el ámbito de la reagrupación familiar, se podrá reagrupar por razones humanitarias a los ascendientes menores de 65 años.

En relación con los ingresos familiares, hasta ahora sólo se tenían en cuenta los ingresos de quien solicita la reagrupación, ahora se contabilizarán los ingresos conjuntos de la familia, lo que daría la posibilidad de mantener sin problemas al hijo que desean reagrupar.

PERSONAS DISCAPACITADAS

A sugerencias del CERMI y del Consejo Fiscal se han sustituido las referencias a los incapacitados por personas discapacitadas.

Se ha modificado el texto para contemplar la reagrupación de los familiares discapacitados. Hasta ahora, se había considerado equiparable a los efectos de reagrupación familiar, que el extranjero fuese menor de edad con el hecho de que estuviese incapacitado, es decir, se exigía una declaración judicial formalizada de tal situación.

VIOLENCIA DE GÉNERO

A partir de ahora, las mujeres extranjeras en situación administrativa irregular podrán acudir a las dependencias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con la seguridad de que, el procedimiento sancionador por estancia irregular será suspendido mientras duren las actuaciones que puedan concluir con su declaración de víctima.

Además, previendo que el procedimiento penal pueda prolongarse en el tiempo, se contempla la posibilidad de conceder una autorización provisional de trabajo, en situación de estancia, que puede ofrecerle la posibilidad de desvincularse económicamente del presunto agresor.

MENORES EXTRANJEROS

En relación con la situación de los menores extranjeros no acompañados, se ha incluido la necesaria audiencia del menor en los procesos de repatriación, de manera que los mayores de 16 años podrán intervenir en dichos procesos.

El proyecto incorpora el desarrollo de un nuevo registro de entradas y salidas de los extranjeros en nuestro país para mejorar el control preventivo de la estancia irregular.

Además, las órdenes de expulsión podrán conceder un plazo entre 7 y 30 días para que se abandone voluntariamente España, y se impondrán plazos de prohibición de entrada adecuados a las circunstancias de los extranjeros repatriados, y que tendrán un plazo máximo de cinco años, en lugar de los 10 que prevé la Ley actual.

Se ha reformulado la sanción que persigue la promoción de la inmigración irregular para dejar fuera de toda duda que no se van a perseguir conductas de acogida humanitaria, pero se manteniene la persecución de quienes, consciente y voluntariamente, primero provocan la entrada y estancia de un extranjero como turista, y además, sostienen su estancia irregular una vez transcurrido el período legal de estancia.

El nuevo texto acota también las posibilidades de suspensión del plazo de internamiento a los supuestos de solicitud de asilo o "habeas corpus", por un tiempo tasado.

El Gobierno ha considerado oportuno circunscribir la posible suspensión tan sólo a dos supuestos, al tiempo que se establecen los plazos máximos de suspensión.

Desde el punto de vista del Ejecutivo, a pesar de que el período de internamiento máximo se haya incrementado de 40 a 60 días, se han aumentado las garantías y la necesidad de justificación del mismo y se incorpora la posibilidad de entrada de las ONG a los Centros de Internamiento.