La operación cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) que indica que, en la operación de venta de Trasmediterránea, "se han cumplido en grado suficiente los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia".

Asimismo, el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia expresa que la operación no produce ningún efecto sobre la estructura competitiva del mercado", por lo que no hay razón para oponerse a ella.

En octubre de 2001, y como consecuencia del Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, se inició el proceso de privatización de la sociedad. De las seis ofertas presentadas se eligió la del grupo compuesto por Acciona (55%), Caja de Ahorros del Mediterráneo (15%), Grupo Aznar (10%), Grupo Armas (8%) y Agrupación Hotelera Dóliga S.A. y Suministros Ibiza S.A., Grupo Matutes (12%).

El grupo comprador se comprometió a lanzar una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) sobre el total del capital social de Trasmediterránea al precio de 45 euros por acción (271.941.705 euros).

En Plan Industrial del grupo comprador incluye, hasta el año 2008, el compromiso de mantener la plantilla fija de la sociedad y las condiciones laborales existentes en el momento de la compra-venta.

También se compromete a mantener los fondos propios de la compañía a 31 de diciembre d 2002, una participación mínima que asegure la mayoría y el control de la sociedad, su sede social en España y la unidad de empresa.