Desde el Ejecutivo se recuerda que a este fallo del alto tribunal seguirá uno por la querella del PP contra López, también por ese encuentro, y otro del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto a la querella del Foro Ermua contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por verse con losex dirigentes batasunos.

Hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y tras aferrarse al consabido no comento decisiones judiciales, "tanto cuando nos pueden parecer más favorables como cuando no", la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha reconocido que la sentencia despejala vía de los contactos inevitables en un proceso de estas características.

No obstante, cuando ha sido repreguntada por la querella pendiente del PP ante el Supremo, De la Vega ha dicho que eso lo decidirá el Supremo cuando toque, pero admite que con lo fallado hoy en contra de la querella de ¡Manos Limpias´ "creo que han abierto camino".

"Espero la decisión de los tribunales y respetaremos su decisión. Ahora, es verdad que hoy se ha abierto un camino en el Tribunal Supremo y que va a seguir. Y lo ha abierto el mismo Tribunal Supremo ", insistió.

En cuanto al proceso de búsqueda de fin de la violencia, la ¡número dos´ del Ejecutivo reiteró que éste se ha de sujetar a la Constitución, la Ley de Partidos, el Estado de Derecho y la "ausencia total de violencia y el respeto a las víctimas".

"Nos mantenemos en esos principios y valores y vamos a seguir trabajando, como es nuestra obligación, porque pueda haber final de la violencia. Pero, siempre desde esas reglas marcadas desde el primer día por el presidente del Gobierno: sin precio, sin chantaje", recalcó.

Respecto a la polémica con Venezuela por la no consumada concesión de nacionalidad venezolana a cuatro etarras residentes en aquel país, el Gobierno español la da por zanjada después de haber sido "absolutamente y convenientemente explicado y aclarado" por el Ejecutivo de Hugo Chávez.

"Yo no tengo nada más que añadir", dijo la vicepresidenta al ser preguntada si no ve el Ejecutivo necesario cesar al embajador español en Caracas, Raúl Morodo, por no haber informado de las intenciones de Chávez antes de que saltara el escándalo a la opinión pública. "Se han adoptado todas las decisiones que proceden en ese caso", advirtió.