Fuentes gubernamentales trasladaron este parecer después de conocer que el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, y el presidente de la firma legal Cremades & Calvo Sotelo, Javier Cremades, acordaron la puesta en marcha de una auditoría independiente sobre las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

En el Ejecutivo, según indican fuentes gubernamentales a Servimedia, mantienen que “siempre” se ha dicho que la Conferencia Episcopal "tenía que estar dentro de la investigación” y confían en una perfil “colaborativo”.

“Seguimos esperando que colaboren con la comisión del Defensor del Pueblo donde podrán aportar los resultados de su auditoría". "Sería muy bueno" que la Iglesia colaborara con el Defensor del Pueblo, añaden fuentes gubernamentales, apostando por que la investigación recaiga en la institución que encabeza Ángel Gabilondo, como recoge la propuesta parlamentaria presentada por el PSOE y que, entre otros, apoya el PNV, frente a la comisión de investigación en el Congreso impulsada por UP, ERC y EH Bildu.