Así lo aseguró hoy el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, justo después de que el magistrado de la Audiencia Nacional decretara la suspensión de actividades de Batasuna durante dos años, incluida la asamblea prevista para el próximo sábado.

López Aguilar valoró esta decisión ante los medios de comunicación después de asistir a una conferencia de la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega que, sin embargo, no quiso opinar sobre el asunto.

Fernández de la Vega se limitó a subrayar que el Gobierno respeta y acata esta decisión judicial, como todas las demás, sin querer entrar en más detalles hasta conocer los fundamentos jurídicos esgrimidos por el juez.

Más extenso en su valoración fue López Aguilar, al sentenciar que en España "el Estado de Derecho funciona" y esta decisión lo demuestra.

Precisó que la ilegalización de Batasuna y su "muerte civil" no significa que sus integrantes tengan intervenidos judicialmente todos sus derechos fundamentales.

Esos derechos, recordó, sólo pueden limitarse "en el curso de una investigación penal conducida por un juez penal, y es lo que aquí ha tenido lugar".

"Está funcionando el Estado constitucional de Derecho. Es una resolución del Poder Judicial, en este caso de un juez de instrucción de la Audiencia Nacional, el que suspende la actividad de una organización que en su momento fue declarada ilegal", concluyó.

En su opinión, la decisión es "un mensaje positivo y de confianza, que da seguridad a la ciudadanía" porque las resoluciones llegan "cuando corresponde, por su cauce, sin ninguna interferencia ni del ruido ni de la demagogia ramplona que a raudales ha derrochado estos días el PP".

Ahora, recordó López Aguilar, corresponde cumplir la resolución judicial a quien tiene las competencias de seguridad en el territorio, en este caso, al Gobierno Vasco a través de la Ertzaintza.