Así lo comunicó este jueves en la rueda de prensa de presentación de los datos de ejecución presupuestaria del ejercicio 2021 reiterando la “prudencia” en su predicción, ya que el Gobierno todavía no tiene “el pago del primer fraccionamiento del impuesto de Sociedades”.

Sobre el impacto de las medidas tributarias contempladas en el plan de choque para el próximo trimestre, Montero cifró en 1.797 millones de euros su impacto. 217 millones de euros corresponde a la rebaja del IVA de la electricidad, 22 a la reducción del impuesto especial sobre electricidad y 1.356 a la suspensión del impuesto del valor de energía eléctrica. “Estos datos pueden variar porque van en relación con el precio de la electricidad”, advirtió la ministra.

Esta cifra se suma al impacto que ha producido desde que se implementaron las primeras medidas fiscales en 2021 junto con el primer trimestre de 2022, lo que supondrá un total de 7.000 millones de ahorro hasta el 30 de junio. “En caso de que se prorrogara en los dos trimestres siguientes, tendría un coste variable de 12.000 millones de euros”, afirmó la responsable económica.

La ministra insistió en las medidas sobre el coste energético que ha planteado el Gobierno que tienen como objetivo “una estabilización de los precios” y destacó lo “laborioso” que resultó que Bruselas reconociese la “excepción ibérica”, y esperó lograr una “tasa de referencia del precio del gas” en conjunto con Portugal.

Asimismo, criticó que los partidos de la oposición consideren que el Gobierno “sube impuestos”, indicando que es “falso” pues, a su juicio, el “saldo fiscal entre subidas y bajadas” se resuelve en favor de las rebajas. “Esto no es bueno o malo, depende de a quién se rebajen los impuestos y por qué, no es un dogma”, dijo en referencia a las demandas del PP.

REGLAS FISCALES

Cuestionada por la recuperación de las reglas fiscales de la Unión Europea para 2023, Montero afirmó que todavía es “pronto” para conocer la decisión de Bruselas, pero advirtió de que el debate se va a producir durante los próximos meses “de manera bastante intensa” y espera que se resuelva en favor de los intereses del Gobierno.

Montero indicó que la opinión del Ejecutivo es que el “impacto económico producido por las sanciones económicas a Rusia” lleve a “analizar nuevamente ese escenario”, por lo que el Gobierno se inclina “por la suspensión de las reglas fiscales o la redefinición de las mismas para que no se ponga en riesgo la transformación digital ni los procesos de transición ecológica que requieren grandes inversiones por parte de los Estados”.