A su juicio, la Convención de Naciones Unidas constata el paso de un modelo puramente asistencial a otro que se concibe como la obligación de garantizar a este colectivo sus derechos ciudadanos.

Berlanga hizo estas apreciaciones durante la inauguración de Madrid de "Una convención para la discapacidad", seminario informativo sobre la citada Convención de la ONU que se está desarrollando a lo largo del día de hoy en la Oficina de la Comisión Europea en España, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

El director general, que calificó esta Convención de "acontecimiento histórico", entiende que la iniciativa de la ONU "no hace más que refrendar" las políticas que ha venido llevando a cabo el Gobierno español, entre las que citó la inminente Ley de Dependencia, la de Infracciones y Sanciones y la de Igualdad.

Además, justificó la Convención porque "más que la falta de recursos, son las aptitudes" las que obstaculizan la integración educativa, laboral y ciudadana de los discapacitados en los países desarrollados; todo lo contrario que, por ejemplo, en Iberoamérica, donde, según Berlanga, hasta sufragar una silla de ruedas supone un esfuerzo presupuestario.

El representante de Trabajo señaló la divergencia de intereses y puntos de partida de los distintos países como uno de los motivos fundamentales de que la negociación de esta Convención haya resultado tan "difícil", pero a la vez calificó de "muy rápido" el desarrollo de una iniciativa que nació de la Resolución 56/58 de Naciones Unidas, en el año 2001.

En la inauguración del seminario intervinieron también el director general de la Fundación ONCE, Luis Crespo; el comisionado del Cermi para Asuntos Europeos e Internacionales, Alberto Arbide; y el director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Fernando Fernández-Arias.

"PASAPORTE DE CIUDADANÍA"

Luis Crespo recalcó que la Convención de la ONU "será recordada como un hito importante de los avances de las personas con discapacidad" y un verdadero "pasaporte de ciudadanía" para éstas, que "ha costado tiempo pero ha merecido la pena".

Además, incidió en el papel que la ONCE ha desempeñado en la elaboración del documento resultante, y mencionó expresamente la primera reunión de las ONG dedicadas a la discapacidad, que se celebró en Madrid en diciembre de 2003, y la última, desarrollada el pasado mes de julio.

Crespo cree que la Convención ha servido para estrechar la unidad del movimiento asociativo de la discapacidad a nivel mundial, y confió en que se mantenga después de que la ONU ratifique el texto.

Alberto Arbide recordó que el 10% de la población mundial, unos 650 millones de personas, tienen algún tipo de discapacidad, y tradicionalmente han quedado "relegadas de la plena ciudadanía".

El comisionado del Cermi también estima que la Convención de la ONU materializa una vieja reivindicación del colectivo que representa, y llamó a una rápida aprobación y aplicación en los estados miembros, de forma que se convierta en un "arma legal que permita llevar ante el juez" cualquier tipo de discriminación contra los discapacitados.

Fernando Fernández-Arias destacó que la Convención es fruto de "una negociación difícil con un resultado agridulce", a pesar de lo cual cree que "hay motivos para estar contentos, porque nadie consigue todo lo que quiere en una negociación".

Como Arbide, Fernández-Arias también solicitó una pronta aprobación del texto en Naciones Unidas, "porque son necesarios unos estándares mundiales en la lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad".