El ministro de Administraciones Públicas y secretario general del PP, Javier Arenas explicó que le gustaría llevar a cabo esta reforma por una vía similar a la empleada por el Pacto de Toledo, es decir, mediante acuerdos parlamentarios con otras fuerzas políticas y negociaciones con los agentes sociales, las comunidades autónomas y los ayuntamentos.

El objetivo es tener un primer informe al respecto en un plazo de cuatro meses y un diagnóstico definitivo del conjunto de la reforma antes de finalizar el año. El ministro reconoció que será difícil traducirlo en un texto legislativo antes de las elecciones generales.

De momento, el Gobierno nombrará la próxima semana a un presidente de la Comisión de Expertos y constituirá este organismo para empezar los trabajos. Posteriormente, una subcomisión parlamentaria complementará las tareas conla participación de todos los partidos democráticos.

TRES NUEVOS CONVENIOS

Arenas hizo esta anunció tras la firma de un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la modernización de los entes locales y de otros dos convenios con la Comunidad de Madrid para impulsar la administración electrónica y la formación continua de los trabajadores.

El Ministerio pretende extender el programa de la Ventanilla Unica Empresarial a todos los ayuntamientos. De hecho, el 48 porciento de las empresas creadas en 2002 utilizaron este método para iniciar los trámites administrativos. Además, el acuerdo permitirá acabar con los certificados en papel y fomentará los acuerdos entre la administración general del Estado y los entes locales.

La presidenta de la FEMP, Rita Barberá, señaló que el convenio firmado es "tremendamente importante" porque los ayuntamientos asumen la exigencia de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y más cercano a través de las nuevas tecnologías.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, auguró que los dos convenios firmados con el MAP harán a las instituciones madrileñas "más competitivas, más abiertas y más cercanas" a los ciudadanos.

Entre otras cosas, el Ministerio financiará un Plan de Formación Continua de la Comunidad con 3.200.031,60 euros, del que podrán beneficiarse 140.000 empleados públicos.