EL GOBIERNO CREARA EL PRIMER IMPUESTO ECOLOGICO EN UN AÑO

- El Congreso remite al Senado el proyecto de Ley de Residuos

MADRID
SERVIMEDIA

El Gobierno deberá presentar al Parlamento en el plazo de un año un proyecto de ley que establezca un régimen fiscal específico que grave la producción y consumo de los aceites industriales. La recaudación que se obtenga a través de este gravamen se destinará a la gestión y tratamiento posterir del residuo.

Esta es una de las enmiendas introducidas en el proyecto de Ley de Residuos que el pleno del Congreso aprobó hoy. El texto podrá sufrir todavía modificaciones durante su tramitación en el Senado.

La creación de un gravamen con carácter finalista sobre los aceites industriales es consecuencia de las exigencias que planteó CiU, ya que el texto original del Gobierno no lo recogía.

La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, manifestó que la Administración central será la encargda de recaudar este gravamen, aunque serán las comunidades autónomas quienes lo gestionarán, destinándolo al tratamiento de los residuos que generan estos aceites.

Tocino dijo que no se trata de una ecotasa, ya que la legislación española no recoge esta figura fiscal, y aseguró que se ha creado una comisión interministerial para estudiar las consecuencias de la aplicación de este gravamen, en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales.

La ministra dijo que este impuesto confirma la necesiad de que España se adapte a la fiscalidad ambiental, tal y como ya han hecho otros países europeos.

Sin embargo, PSOE e IU consideran que el compromiso que se adquiere en el proyecto de ley es insuficiente, ya que se muestran partidarios de ampliar la fiscalidad ambiental a aquellos productos y sustancias que resulten contaminantes.

PILAS USADAS

El proyecto de ley, que traspone al ordenamiento jurídico español la directiva comunitaria sobre residuos de 1991, también insta al Gobierno a presentr antes de un año un plan de recuperación y gestión de pilas usadas.

El texto obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos a partir del año 2001.

Además, las comunidades autónomas deberán declarar, delimitar e inventariar los suelos que tengan la calificación de contaminados, para poder realizar las actuaciones necesarias de limpieza y recuperación.

Las sanciones previstas para los que incumplan la legislación pueden llegar a alcanar los 200 millones de pesetas. Según Tocino, la ley marcará la política sobre gestión de residuos en el siglo XXI.

La producción de residuos en España aumentó un 50 por ciento durante la última década, situándose en 15 millones de toneladas al año. Las previsiones indican que en el año 2000, la UE producirá una media de 400 kilos de residuos por habitante y año.

(SERVIMEDIA)
19 Feb 1998
GJA