La medida responde a la necesidad de crear un marco estable y coordinado de las políticas públicas destinadas a actuar contra delitos como la copia de discos, libros o arcas de prendas textiles que han alcanzado gran trascendencia.

Además de conculcar los derechos de propiedad intelectual e industrial reconocidos por las leyes, estos delitos producen efectos nocivos que afectan al mercado, los consumidores, las empresas, la sociedad y el propio Estado. Sólo en el ámbito de los países de la Unión Europea este problema ocasiona la pérdidas de unos 100.000 puestos de trabajo.

La "piratería" provoca, entre otras cuestiones, engaño a los consumidores que se pueden vr afectados en aspectos tan importantes como la salud y la seguridad públicas, merma la facturación de las empresas, además del perjuicio que causa a su imagen, y para el Estado los efectos derivan en fraude a la Hacienda Pública e infracciones en la normativa laboral.

COMISION INTERMINISTERIAL

Con el objetivo de dar respuesta a esta lacra, y siguiendo las directrices marcadas por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ya en 1998 presentó el Libro Verde sobre la lucha contra la usurpación de l marca y la piratería en el mercado interior, el Gobierno ha aprobado la creación de esta Comisión Interministerial, que presidirá el secretario de Estado de Cultura y cuyo vicepresidente será el subsecretario de Industria y Energía.

Los vocales serán nombrados entre los nueve ministerios con competencias en la materia: Educación y Cultura; Industria y Energía; Interior; Sanidad y Consumo; Asuntos Exteriores; Justicia; Economía y Hacienda; Agricultura, Pesca y Alimentación, y Fomento.

Según el dereto, se crearán dos grupos de trabajo: uno contra la piratería en el ámbito de la propiedad intelectual, y otro contra la piratería en el ámbito de la propiedad industrial, a los que se podrá convocar a las entidades públicas y privadas dedicadas a la protección de derechos de propiedad intelectual e industrial.

COMPETENCIAS

Entre las competencias de esta comisión se hallan las de formular un plan con las directrices de actuación para proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial, asícomo los dispositivos de coordinación y seguimiento.

También promoverá la realización de estudios sobre la legislación protectora de los citados derechos y deberá realizar el seguimiento e informe de las relaciones con otros Estados y con organizaciones internacionales competentes en la lucha contra la violación de los derechos de propiedad.

Igualmente, propondrá a los órganos competentes el establecimiento de cauces adecuados de colaboración en la materia entre la Administración General del Estao y las comunidades autónomas. Asimismo, formulará las actuaciones necesarias para la formación de las autoridades y agentes encargados de la persecución de actividades ilícitas en este ámbito.