La ministra de Inclusión, Elma Saiz, aseguró que “las sucesivas crisis de estos años han demostrado que la inversión social es compatible con un crecimiento económico sólido y sostenible, por lo que este Fondo representa la doble dirección de este Gobierno: convertir España en un país más competitivo a la par que protegemos a las personas y reforzamos el escudo social”.

El objetivo del Gobierno es que todas las iniciativas “tengan un efecto positivo que sea intencionado, cuantificable y medible”. Una de las características del Fondo es su flexibilidad. Según el Ejecutivo, estará abierto “a todas las entidades y organizaciones que quieran presentar proyectos, ya sean empresas, start-up, organizaciones sociales, fundaciones, u otros fondos de inversión que ya existen, con el objetivo de atraer recursos privados adicionales a este modelo de economía”.

Asimismo, podrán concurrir proyectos del Laboratorio de Políticas de Inclusión que ya han sido evaluados y que han dado resultados de impacto positivos. Entre otros, optarán a él “los proyectos relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad o las personas sin hogar, impulso a las microfinanzas para personas en riesgo de inclusión, apoyo al emprendimiento de las mujeres, regeneración medioambiental o ayuda al desarrollo”.

La gestión del fondo ha sido asignada a Cofides, que será el responsable de identificar, analizar y estructurar todas las operaciones del Fondo. Posteriormente, las operaciones se someterán a la valoración de un Panel de expertos Independientes (PEI) y, finalmente, los proyectos seleccionados se elevarán a un Comité Interministerial Técnico de Inversiones (CITI) presidido por la secretaria general del Ministerio de Inclusión.

En financiación indirecta, la inversión de FIS en un fondo o vehículo de inversión concreto estará limitada al 25% del total, salvo en casos justificados en que dicho porcentaje podrá elevarse a un máximo del 49%. En cuanto al importe, el compromiso máximo será de 50 millones de euros. Salvo excepciones, el importe mínimo no podrá ser inferior a dos millones de euros.

Por otro lado, en financiación directa, el importe máximo agregado a invertir en uno o varios proyectos de un mismo promotor estará limitado a 40 millones de euros, siendo el importe mínimo por operación de 300.000 euros, salvo excepciones debido a la singularidad e impacto social de la operación. Por último, en acuerdos de coinversión o cofinanciación, el importe máximo del acuerdo será de 50 millones de euros y el mínimo de 4 millones.